21 may. 2017

Las Marchas de la Dignidad vuelven a Madrid el 27 de mayo para exigir ‘Pan, trabajo, techo e igualdad’

Creen que el 27M va a marcar “un hito de nuevo tiempo” y confíam en que las marchas serán secundadas masivamente, porque “para la inmensa mayoría de la gente las cosas no solo no han mejorado, sino que empeoran día a día”.

Las Marchas de la Dignidad, la plataforma que agrupa a diferentes formaciones políticas y colectivos sociales, volverán a llevar su lema Pan, trabajo, techo e igualdad a las calles de Madrid el próximo 27 de mayo.

Ángeles Maestro, integrante de la Coordinadora de las Marchas, explicó en rueda de prensa que esta será la tercera manifestación estatal que se celebre desde la icónica marcha el 22 de marzo de 2014, un momento que se caracterizaba por ubicarse “después del 15M y de un aumento de la movilización muy importante, tras lo que vino el desierto”.


Los objetivos de la convocatoria del 27M son los siguientes:

PAN, TRABAJO, TECHO E IGUALDAD:

•En defensa de pensiones públicas dignas y a cargo de los Presupuestos. No al Pacto de Toledo

•Por el empleo estable, salarios dignos y la renta básica: Derogación de las reformas laborales

•Por la libertad de las personas presas y procesadas por luchar. Amnistía.

•Por el no pago de la deuda. UE y FMI fuera ya de aquí.

•Por la defensa de los Servicios Públicos como derechos esenciales.

•Contra el feminicidio: Nos queremos vivas, ni una menos

La manifestación discurrirá a partir de las 17.00 horas entre la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) y la Gran Vía, pero desde la organización convocan “una semana de lucha en la que se dará voz a las más importantes luchas obreras y populares actualmente en curso”.

El lunes 22 tendrás lugar a las 12.00 horas una concentración ante la sede de Ferrovial contra “las reformas laborales de PP y PSOE”. Al día siguiente, las protestas tendrán lugar a las 19.00 horas frente Centro de Especialidades Federica Montseny para reivindicar la sanidad pública.

El día 24 a las 11.00 horas protestarán frente al Ayuntamiento de Madrid contra los desahucios y la represión policial de quienes tratan de impedirlos y exigirán “la remunicipalización de los servicios privatizados“. Ese mismo día, a las 19.00 horas, tendrá lugar el acto central de las Marchas en el CSO. La Traba.

Por último, el jueves 25 habrá movilizaciones contra la Cumbre de la OTAN en Bruselas frente al Grupo PRISA a las 19.00 horas y frente al Ministerio de Asuntos Exteriores a las 20.00 horas.

20 may. 2017

Desinversión, el movimiento mundial que planta cara a los combustibles fósiles

El pasado 15 de mayo, mientras en España se celebraba el aniversario del 15-M, en 45 países se cerraban diez días de movilizaciones contra la inversión en combustibles fósiles. Casi 300 eventos reunieron a miles de personas, apoyando una de las estrategias con más fuerza del movimiento climático internacional: presionar a fondos de inversión, bancos y fondos públicos para que retiren el apoyo financiero a las compañías petroleras, gasísticas y de carbón.

El movimiento por la desinversión nació en 2012 en varios campus estadounidenses, en los que grupos estudiantiles exigían a las universidades que cortaran sus lazos con empresas como Exxon, Shell o BP. La estrategia buscaba convertir estas inversiones en “socialmente inaceptables”, siguiendo una táctica ya probada durante otras protestas internacionales. Esta misma idea se utilizó con éxito contra el apartheid en Sudáfrica, y también está en marcha contra el estado de Israel. Sin embargo, esta vez la campaña ha llegado más allá de los círculos activistas, adquiriendo una dimensión financiera global.

Riesgos financieros

Las instituciones que se han comprometido ya a desinvertir al menos parte de sus activos controlan, en total, más de 5 billones de dólares. Alrededor de la mitad de esa cifra se ha sumado a la campaña durante 2016, de acuerdo con un informe de la consultora financiera estadounidense Arabella Advisors. Según el mismo documento, ya son 688 instituciones, y casi 60.000 inversores individuales en 76 países los que han aceptado retirar al menos parte de su fondos de empresas de combustibles fósiles.

Las universidades, fundaciones y organizaciones religiosas, con las que comenzó el movimiento, aportan el 54% de los fondos retirados. Incluso el Fondo de los Hermanos Rockefeller, fundadores de la industria petrolera moderna, desinvirtió en 2014. Steven Heintz, presidente del fondo, aludió a razones financieras, afirmando que el propio John D. Rockefeller hubiese aprobado el movimiento “como inversor astuto que era”.

Ryan Strode, director de Arabella, y uno de los autores del estudio, confirmó a La Marea que los riesgos financieros derivados de la inversión en combustibles fósiles cada vez pesan más a la hora de distribuir los activos de los fondos y empresas: “Al principio eran sobre todo universidades, iglesias y organizaciones sin ánimo de lucro, que desinvertían por motivos éticos. Ahora vemos cada vez más fondos de pensiones, aseguradoras y otros grandes inversores comprometiéndose, como resultado de una conciencia de los riesgos financieros que supone invertir en combustibles fósiles”.

En el futuro, según Strode, podrían existir incluso restricciones legales relacionadas con la obligación fiduciaria (la obligación de gestores de fondos de invertir siguiendo unos principios de prudencia cuando el capital invertido pertenece a otros). Sin embargo, afirmó que dichas interpretaciones “aún se están desarrollando”.

Hoda Baraka, portavoz de la plataforma ecologista 350.org, explicó a La Marea que el objetivo de la campaña “no es la bancarrota financiera de la industria de los combustibles fósiles, sino su derrota política”. Baraka se mostró optimista acerca del ritmo de la campaña, pero afirmó que el ritmo de desinversiones debe aún acelerarse para evitar que los efectos negativos del cambio climático sigan multiplicándose: “Nuestro mayor enemigo es el tiempo. Los impactos del cambio climático se están desarrollando a un ritmo cada vez más rápido y necesitamos evitar que haya nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles”.

Fondos de pensiones

A nivel internacional, los fondos de pensiones están tomando la delantera al retirar al menos parte de su capital de las industrias causantes del cambio climático. Tras la firma del Acuerdo de París en 2015, se espera que los gobiernos incrementen los impuestos sobre la energía procedente de petróleo, gas y carbón, e instauren barreras económicas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Tom Sanzillo, director de finanzas del Instituto de Análisis Financiero y Económico de la Energía (con base en Cleveland, Estados Unidos), afirmó recientemente, en declaraciones al diario económico Financial Times, que “las acciones de petróleo y gas han sido uno de los principales pilares de los fondos de pensiones durante décadas, pero eso está cambiando”. Sanzillo añadió que “cualquier fondo que no esté debatiendo de forma interna su exposición a los combustibles fósiles, no está cumpliendo con sus obligaciones fiduciarias”.

Los planes de pensiones privados españoles, ajenos a la desinversión

En España, el movimiento por la desinversión aún no se ha desarrollado al nivel de otros países, ni en la calle ni en las bolsas. A pesar de ello, la ley prohíbe al fondo de pensiones soberano del Estado (la hucha de las pensiones) invertir en deuda o acciones de empresas privadas, por lo que, indirectamente, no tiene ninguna participación en combustibles fósiles. La hucha de las pensiones tan sólo puede adquirir deuda pública del Estado.

En cuanto a los planes de pensiones privados españoles, ninguno de entre que más dinero tienen a su cargo confirmó haber movido ficha en cuanto a la desinversión. VidaCaixa, que gestiona cuatro de los ocho mayores fondos, no ha considerado todavía un cambio en este sentido. Una portavoz de la compañía confirmó a La Marea que la institución catalana se ciñe a los Principios de Inversión Responsable, una iniciativa privada apoyada por las Naciones Unidas, que no ha emitido, por el momento, ninguna recomendación al respecto.

Los planes de pensiones gestionados por BBVA, Ibercaja y Fonditel (el fondo de los empleados de Telefónica) también confirmaron que no tienen ninguna política de empresa que les impida adquirir activos de combustibles fósiles.

El Grupo Santander rechazó informar sobre los posibles cambios en sus carteras, y Bankia no respondió a las preguntas de este medio.

19 may. 2017

La Fiscalía sueca archiva la investigación por violación contra Julian Assange

En un comunicado, la Fiscalía sueca ha anunciado este viernes la decisión de la fiscal jefe Marianne Ny de cerrar la investigación a Julian Assange. El fundador de Wikileaks estaba acusado de un supuesto delito de violación en 2010 y desde 2011 se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia.
Assange sigue en el punto de mira de Estados Unidos y es por eso que su abogado, Per Samuelson, solicitó al Tribunal de Distrito de Estocolmo que se pusiera fin a la orden de arresto contra su cliente, según informa Europa Press, para que pueda hacer uso de su asilo político. Ecuador dio asilo a Assange en 2011, pero este todavía no ha podido salir de su Embajada en Londres.
La Policía británica ha asegurado que detendrá al australiano si pisa la calle, puesto que existe una orden judicial de detención vigente por no haberse presentado ante la corte de Westminster cuando fue citado, el 29 de junio de 2012.

18 may. 2017

900 cargos del Partido Popular imputados por corrupción ¿cuántas organizaciones criminales en el mundo tienen esa cifra?

En el Estado español, desde 1978 hasta nuestros días se han descubierto más de 175 redes de corrupción asociadas, todas ellas, a los partidos en el poder, y según la Comisión Nacional del Mercado de Calores, esa corrupción cuesta a los españoles nada menos que 45.000 millones de euros anuales. El premio, por supuesto, se lo lleva el Partido Popular, que es el partido que gobierna y el que prevé seguir gobernando en los próximos años, simple y llanamente, porque la gente les vota.

El Partido Popular es el partido más corrupto de Europa. Tiene en la actualidad más de 900 cargos imputados por corrupción. Isabel Serra, diputada en la Asamblea de Madrid por PODEMOS se preguntaba: ¿cuántas organizaciones criminales en el mundo tienen esa cifra de 900 imputados en sus filas?

Los casos de corrupción en este partido político se reproducen cada semana, a veces cada día, cada hora, con nuevos y más altos dirigentes implicados en hechos de enriquecimiento ilícito, de financiación ilegal y de saquear lo público.

El último caso es el que afecta directamente a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hay indicios para actuar judicialmente contra Cifuentes. Considera que declaraciones de varios implicados refuerzan las sospechas de que Cristina Cifuentes fue conocedora directa de las irregularidades en la adjudicación de la cafetería en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández.

La presidenta de Madrid se defendió acusando de faltar a la verdad a los investigadores de la Guardia Civil.

Pero además, con su informe, la Guardia Civil asegura demostrar los delitos y trampas cometidas por el Partido Popular en las elecciones de los años 2007, 2008 y 2011. El informe dice textualmente: “El Partido Popular montó un sistema que atentó contra el pluralismo político”.

Los casos son continuos. En días anteriores se abrió la Operación Lezo por la que están siendo investigadas más de 60 personas. Por si fuera poco, el Pleno del Congreso aprobó este martes con los votos de todos los diputados, salvo los del PP, la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá; la del fiscal general, José Manuel Maza, y la del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, por entender que algunas de sus iniciativas estaban encaminadas a proteger a políticos presuntamente implicados en actos de corrupción. La reprobación no tiene mucho recorrido, porque en nada obliga al Gobierno ni a los implicados, pero resulta inquietante la coincidencia en el conjunto de las fuerzas de oposición a la hora de desconfiar de determinadas actuaciones de la fiscalía. Y recuerda que los tachados de réprobos no supieron explicar la pasada semana las actuaciones por las que fueron reclamados en la Comisión de Justicia del Parlamento.

PODEMOS está anunciando sendas mociones de censura, tanto para el Gobierno de Madrid, como para el Gobierno de Rajoy en el Congreso de los Diputados. Los otros dos partidos con más escaños en el Parlamento, el Partido Socialista y Ciudadanos, ya han dicho que no apoyarán esas mociones.

Entretanto, algunos de los más insignes representantes del partido, se dedican a disfrutar de sus abultadísimos salarios, a la sombra de las mismas empresas a las que tanto han beneficiado cuando ocupaban cargos políticos. Por las puertas giratorias, que son también mecanismos claros de corrupción, han llegado para quedarse: José María Aznar (consejero delegado de Endesa y consejero de KPMG, empresa que hace auditorías a la mayoría de la administración pública); Ángel Acebes (consejero externo de Iberdrola); Josep Piqué (vicepresidente segundo de la constructora OHL); Eduardo Zaplana (consejero delegado de Telefónica)…y unos cuantos más.

Así que la corrupción no es solo cosa de políticos y partidos, sino también de grandes empresarios que tienen nombres y apellidos; empresarios que contratan los servicios de quienes pueden ayudarles después a incrementar dividendos y que, además, eluden sus obligaciones tributarias, si les dejan. 34 de las 35 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales, unas 900 en total, y aunque a estas sociedades no se les debería reconocer personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español, ahí están, campando a sus anchas en régimen de oligopolio.

En España se defraudan al año unos 88.000 millones de euros que podrían destinarse a amortiguar el recorte de derechos, el desmantelamiento de servicios, y el empobrecimiento que sufre ya casi un 30% de la población. Pero está claro que el Gobierno del PP no está interesado en frenar el lucrativo negocio que le mantiene donde está. Por eso sólo hay 26.900 inspectores de hacienda (frente a los 127.000 que tiene Francia, por ejemplo), esto es, 3 por cada 5.000 contribuyentes, que, lógicamente, solo pueden hacer un trabajo precario, y, por eso mismo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (que espera responder solo ante la historia) puso en marcha una amnistía fiscal que resultó ser tan injusta como ineficiente.