Los medios de comunicación corporativos se detienen tan poco en informar sobre Islandia que no podíamos permitirnos el lujo de desaprovechar una nueva ocasión de remarcar la existencia de otras formas de afrontar la crisis. Por ello, desde la Comisión de Difusión en Red Sol, nos hacemos eco de la última noticia que llega de la isla escandinava: “Islandia juzgará por fraude a la cúpula directiva del Kaupthing Bank, rescatado en 2008”
Mientras en la mayoría de países afectados por la crisis financiera, cualquier tipo de solución al problema pasa por una socialización de la deuda, en Islandia siguen empeñados en llevar la contraria a las políticas neoliberales, aferrándose al principio de no salvar a la banca con dinero público, ni proteger a sus acreedores. Allí no se han creído el cuento del "todas somos culpables".
Mientras en la mayoría de países afectados por la crisis financiera, cualquier tipo de solución al problema pasa por una socialización de la deuda, en Islandia siguen empeñados en llevar la contraria a las políticas neoliberales, aferrándose al principio de no salvar a la banca con dinero público, ni proteger a sus acreedores. Allí no se han creído el cuento del "todas somos culpables".
El colapso financiero golpeó Islandia en octubre de 2008, al quebrar los tres principales bancos del país –Landsbanki, Kaupthing y Glitnir- consecuencia de la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos. Estas entidades, que habían sido privatizadas entre 1998 y 2003, fueron nacionalizadas según una ley de emergencia emitida por el gobierno conservador de G.H. Haarde, por la cual el Estado islandés asumía la deuda generada por estos bancos como pública, salvo un pequeño detalle. Para poder afrontarla, distinguieron entre activos nacionales y activos situados en el extranjero, asumiendo simplemente el pago de los primeros. Por tanto, en lugar de inyectar millones de euros en bancos cuyos activos se habían disparado 11 veces por encima del PIB nacional, decidieron suspender pagos.
Las reacciones no se hicieron esperar. Los gobiernos de Reino Unido y Holanda, principales países donde habían estado operando las entidades bancarias islandesas, pagaron los depósitos a sus respectivos ahorradores [nota de criti-carlos: aquí, yo hablaría de "especuladores", no de ahorradores... pues el ahorrador, es el que tiene hasta 100.000 eur en un depósito a plazo fijo -que no en acciones, ni fondos, ni combinados, ni participaciones, ni nada raro...- en un banco; mientras que el especulador, es aquella empresa que invierte 1,3 millones de euros en comprar fondos de inversión especulativos varios], pero exigieron a Islandia que asumiera el montante de la deuda -3500 millones de euros-, congelando los activos de estos bancos mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista británica. Las consecuencias de la bancarrota fueron demoledoras para el país nórdico. La moneda islandesa (króna) se devaluó un 58%, la inflación se incremento un 19% y el desempleo pasó del 1 al 8,5% en apenas meses.
Levantamiento sin precedentes
Consecuencia de la crisis, se produjo un levantamiento social sin precedentes, que provocó la dimisión del primer ministro Geir H. Haarde en enero de 2009, dejando el gobierno en manos de una coalición de socialdemócratas y el Movimiento de Izquierdas-Verde con J. Siguroardóttir a la cabeza.
El nuevo ejecutivo del país recibió ayuda del FMI y de otros países nórdicos para levantar el vuelo en un primer momento. Tras una ardua discusión, los miembros del Parlamento islandés acordaron devolver la deuda que habían generado los bancos del país, superior a los 3.500 millones de euros. Los islandeses tendrían que hacer frente a esa deuda mensualmente durante 5 años y con un 5,5% de interés. Sin embargo se negaron, y forzaron un referéndum para permitir o no la indemnización, en el que el ‘no’ se impuso con el 90% de los votos. Por si fuera poco, la policía islandesa comenzó a buscar a banqueros y otros altos ejecutivos culpables del desastre financiero, llegando incluso estas órdenes a la Interpol.
Gracias al rechazo de su población, se consiguió que los acreedores rebajaran las condiciones de la deuda -37 años al 3% de interés- aunque, en un segundo referéndum, celebrado en abril de 2011, el ‘no’ volvió a vencer con un 60%. Desde entonces toda la población se encuentra inmersa en la redacción de una nueva Constitución, que está siendo elaborada con mecanismos democráticos de participación directa. No obstante, parece ser que Islandia acabará pagando la deuda, aunque no de cualquier forma. Para ello utilizará el patrimonio de banqueros y especuladores detenidos, y tratará de sentar precedente en el derecho económico internacional, promoviendo que los Estados no tengan que responder a los males generados por entidades financieras privadas.
En lugar de seguir el ejemplo islandés, en el resto de países afectados, la crisis se ha gestionado de forma diferente, siguiendo los postulados de la ideología neoliberal. Cuando se produjo la bancarrota de los grandes bancos de inversión estadounidenses (Lehman Brothers, Bear Stearns o AIG) los gobiernos respondieron con rescates, abaratamiento de los tipos de interés y programas de ayuda financiera a través de la compra de activos tóxicos. Desde entonces, los gobiernos europeos han invertido casi 5 billones de euros de dinero público en el rescate de entidades financieras, generando una deuda que ahora pretenden hacer pagar a los ciudadanos.
de desmotivaciones.es
El caso español
En el caso del Estado español, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contribuyó a apoyar el sector financiero con el establecimiento de dos fondos: uno de 50.000 millones dirigido a comprar activos financieros de las entidades en dificultades (octubre 2008), y otro de 99.000 millones para prestar a cajas de ahorro en proceso de fusión: el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Lo hicieron argumentando que era la única forma de evitar un colapso económico de mayores proporciones. Por qué no se utilizó ese dinero para rescatar a las miles de familias desahuciadas o para potenciar unos servicios sociales que contribuyesen a disminuir el drama social que estamos padeciendo, es una pregunta que bien podría haberse hecho un gobierno que se autodenomina “socialista”. Sin embargo, parece ser que sólo existe Estado de Bienestar para las élites financieras.
Producto de este apoyo económico al sector financiero, nos han hecho creer que existe un problema con la deuda pública del Estado [mentira, como ya se expico en http://criti-carlos.blogspot.com/2012/02/lestat-del-deute-espanya-en-comparacio.html], para lo cual no han dudado en convertir el dogma neoliberal en norma constitucional, a través de una reforma de la Constitución por la que queda limitado el déficit público. La llegada al poder del Partido Popular tras las Elecciones Generales de noviembre de 2011 complica aún más la situación. Asistimos a un desmantelamiento sin precedentes del Estado de Bienestar, mediante una incesante campaña de recortes y privatizaciones en el sector público. La última reforma laboral, aprobada el pasado 10 de febrero, es otro ejemplo de ello. Sin embargo, no se ha realizado ningún tipo de restricción de ayudas con dinero público dedicado a rescatar entidades financieras. El beneficio de unos pocos se ha puesto por delante de cualquier otro criterio social o económico.
de Vergara
Los poderes financieros han sido ayudados con el pretexto, o chantaje, de que si a ellos les va mal, nos va mal a todas. En tal caso, si asumimos que del sector financiero depende el bienestar de la humanidad entera, ¿Por qué se permite que esté controlado simplemente por una minoría? Ante esta pregunta se nos plantean dos opciones: arrebatar ese privilegio supeditando el poder económico al político, siempre y cuando ese poder político represente verdaderamente la voluntad del pueblo; o cambiar el sistema por otro en el que el poder financiero no resulte imprescindible para el bienestar humano. En cierta medida, Islandia ha iniciado el proceso para conseguirlo.
Pero que nadie se confunda, Islandia no es Chiapas. Bien pudiese parecer, a tenor del silencio mediático que rodea el tema islandés, que lo que allí está ocurriendo responde a situaciones propias de un proceso revolucionario. Sin embargo, negarse a pagar con dinero de los contribuyentes los desmanes generados por la avaricia de cuatro irresponsables, parece, más bien, consecuencia de un ejercicio de sentido común, que de fervor revolucionario. En los países dónde sólo parece existir una forma de afrontar la crisis –la neoliberal– tanto políticos como élites económicas y medios de comunicación se han encargado de hacer ver como algo descabellado cualquier propuesta que no implique asumir colectivamente una deuda de la que no somos responsables. Y es que nada como repetir una mentira mil veces, para convertirla en verdad.
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