fuente: Marina Pérez
Esta primavera ha despertado inquieta y con fuerza entre la comunidad educativa. Durante el tercer trimestre del curso escolar las movilizaciones y protestas han ido en aumento y no sin razón de ser: los recortes presupuestarios han reducido las plantillas laborales de los centros, los puestos de atención a la diversidad, educación especial y muchos proyectos educativos han sido suspendidos. Se han recortado las ayudas a los colectivos más necesitados, en forma de becas de transporte, de comedor escolar o de ayuda terapéutica. Miles de interinos e interinas no han sido llamados a trabajar. Muchos alumnos y alumnas se han quedado sin profesor/a de materia durante los días en que éstos han estado de baja por enfermedad.
Nos sobran los motivos, los argumentos
La partida presupuestaria de educación no ha hecho más que disminuir en los últimos años, frente a la partida destinada a la deuda pública (pagar los altos intereses de los bancos a los que el Estado ha rescatado), que no ha hecho más que aumentar. La banca internacional ha presentado una elevada factura al gobierno Español y una lista de restricciones y austeridades para el gasto público en Servicios sociales, educación incluida, así como una serie de recomendaciones para que el Estado ponga en manos privadas la gestión de estos servicios públicos.
No solamente en las escuelas e institutos, sino también en Educación Infantil, en Universidades, Escuelas de arte y en otros tantos centros se han hecho palpables los efectos de las políticas de reducción de la inversión, el aumento de las tasas y la línea de privatización de los servicios.
Además de los recortes, hemos tenido otras agresiones: por un lado la LOMCE, propuesta de modificación legislativa (la sexta en 35 años de democracia), puesta sobre la mesa por el actual gobierno del PP, que pretende “reformar” la actual Ley Orgánica de Educación para que ésta sea más competitiva y mejore la calidad de la enseñanza, pero en un contexto de reducción del presupuesto en educación y con una intencionalidad claramente segregacionista, españolista y centralista, aparte de privatizadora y neoliberal (ver: http://vientosur.info/spip.php?article7929, y http://www.vientosur.info/IMG/pdf/Finlandia_el_ministro_y_la_crisis_educativa.pdf ).
Y por otro lado, en Cataluña, el Decreto de Plantillas que el gobierno de CiU ha hecho público en la mesa de negociaciones con los sindicatos (después de haberlo compartido con algunos directores/as de colegios públicos). Un decreto que puede provocar la pérdida de democracia en los centros al permitir una estructura jerárquica en la gestión de los mismos y que la figura de la dirección pueda elegir la plantilla de su centro, como si fuera un centro privado, acabando con los criterios objetivos de provisión de los puestos de trabajo de los interinos/as y los substitutos así como de algunos funcionarios de carrera.
Ante estas circunstancias adversas, el avance principal de estos últimos meses ha sido lograr la implicación de las familias así como de los alumnos de más edad, en las movilizaciones conjuntas con el profesorado. Poco a poco éstos han ido tomando conciencia de la gravedad de la situación, gracias a una labor de colaboración entre maestros, madres y padres y otros agentes como sindicatos y asambleas locales. También porque los efectos de los recortes se han hecho patentes y visibles con el paso de los meses y muchas familias han empezado a reaccionar y a darse cuenta de que los primeros perjudicados por las medidas del gobierno son sus hijos e hijas, en tanto que pueden perder calidad en la enseñanza y en los proyectos de inclusión social, atención a la diversidad y en la regulación de las desigualdades sociales.
La confluencia de sectores y la compleja red de participación colectiva que se ha generado en la comunidad educativa, se dejó ver con el esfuerzo de coordinación a nivel estatal durante la Semana de Lucha del 22 al 25 de Abril contra la Ley Wert y el desmantelamiento de la educación pública, en la que se organizaron un sinfín de actividades reivindicativas que culminaron con un encierro general en más de 450 centros de Cataluña y más de 2000 en el resto de comunidades.
Los encierros fueron un éxito para canalizar y organizar la lucha, explicar los motivos por los que sigue siendo necesaria la protesta y acumular fuerzas para la huelga del 9 de Mayo, también a nivel estatal y en contra de la LOMCE y los recortes.
Una huelga social
De este modo, la huelga general de Educación pudo ser asimilada por muchas personas no sólo como una huelga de sector sino como una huelga social, al defender todas y todos un derecho adquirido como es la Educación Pública y de calidad. En Cataluña por ejemplo varios sectores incluyeron la LEC en los motivos de la huelga así como el Decreto de Plantillas. En otras comunidades incluyeron los Decretos que afectan al colectivo interino. Las escuelas infantiles defendieron la no-privatización del servicio municipal de atención a los infantes. En universidades pusieron la LOMCE, el aumento de tasas, el despido de profesorado y la privatización en el centro de su convocatoria. Y así múltiples sectores que se apoderaron de la convocatoria de huelga para expresar su lucha desde cada sector.
Los datos acerca del seguimiento de la huelga fueron dispares, pero las aproximaciones rondan entre el 20% y el 50% de seguimiento. Al día siguiente el Ministro Ignacio Wert declaró que aplazaba la entrada de la LOMCE a debate parlamentario. Algunas voces apuntaron a la movilización ciudadana y al poco respaldo de la comunidad educativa hacia esta polémica ley.
Cabe recordar que durante el curso 2008-2009, cuando fue presentada en Cataluña la Ley de Educación de Cataluña (la LEC), los sindicatos convocaron cinco huelgas consecutivas contra esta ley porque según éstos, asentaba las bases legales para un futuro proceso de privatización de la enseñanza pública, introducía medidas de gestión cada vez más jerárquica, despojando de poder decisorio a familias y profesorado y dando más capacidad de decisión a los directores y directoras. También porque mantenía la red de escuelas concertadas y abría la puerta a que las empresas privadas pudieran “completar” los déficits de la administración en cuanto a presupuesto para los centros.
Algunas de estas medidas fueron modificadas, y fue un gran logro, en gran parte debido a la presión de la comunidad educativa desde la calle, las huelgas continuas y las multitudinarias manifestaciones. La ley finalmente fue aprobada por consenso del tripartito.
Lo preocupante es que muchas de las medidas que proponía la LEC son recogidas ahora por la LOMCE, abriendo la puerta a la privatización y a un cambio en la concepción democrática de la gestión de los centros, y de momento las movilizaciones para frenar su aplicación han sido los encierros y la huelga general.
El debate en el movimiento
El debate de fondo que subyace a los actuales movimientos de protesta es la efectividad de los mismos y la dificultad de encontrar medidas unitarias de acción que tengan un efecto directo ante las políticas educativas que atentan contra la educación pública. Los logros son pequeños, sino nulos, y las pérdidas están siendo demasiadas.
Ante la huelga del 9 de Mayo celebrada por un amplio sector, también surgieron voces críticas. ¿Es suficiente con un día de huelga para conseguir una presión afectiva? ¿Tienen suficiente fuerza las asambleas de base y los movimientos locales para convocar una acción diferente y seguida masivamente? ¿Existe en realidad esa medida alternativa a la huelga que parece ser que muchos/as anhelan, para cambiar las cosas pero que no implique una renuncia económica? ¿Se puede convocar una huelga sostenida en el tiempo, convocada desde las bases (los claustros de profesorado, las asambleas de zona, las asambleas con familiares, alumnado,...) con el respaldo unitario de los sindicatos del sector? ¿El profesorado conciencia de la necesidad de luchar y de movilizarse para defender los derechos que estamos perdiendo?
El punto justo de la fruta madura es cuando cae del árbol; el punto justo de la unión colectiva para unirse y luchar de forma unitaria es cuando las condiciones objetivas y la conciencia subjetiva se encuentran, cuando la visión del conjunto de los trabajadores y usuarios coincide en unirse y luchar. Este punto está aún madurando, está aún por llegar.
Pero dado el contexto social y económico y las previsiones futuras de recortes, privatización y austeridad, las expresiones masivas de descontento social deben proseguir e ir en aumento hasta conseguir que los gobiernos nos escuchen y nos tengan en cuenta.
De momento parte de la comunidad educativa está demostrando su gran rechazo a la línea política del actual gobierno; las luchas deben servir para conseguir logros, aunque sean primero pequeños, aunque sea recuperar los centros y la voz por parte del profesorado, recuperar las familias, las asambleas, la coordinación, la participación de los colectivos y la unión por una causa común. Sin pausa.
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