En un país que gasta 120 millones de euros diarios en importar combustibles fósiles y que tiene una alta dependencia energética del exterior, ya que importa más del 70% de la energía que se consume, parecería razonable que existiera una política energética clara enfocada al ahorro energético y al desarrollo sin trabas de las energías renovables. Una energía limpia que ha demostrado su viabilidad económica y que en España tenemos en abundancia. Nada más lejos de la realidad. Vivimos una situación que, al menos, es paradójica.
Si alguien, por razones más que evidentes, decide invertir su dinero en disminuir su consumo energético tomando medidas tales como sustituir bombillas, mejorar el aislamiento de su vivienda, cambiar ventanas y cerramientos, comprar electrodomésticos más eficientes o incluso decidirse por un vehículo híbrido o eléctrico, no sólo estará haciendo caso a mucha de la propaganda institucional que el gobierno periódicamente nos pone en los medios de comunicación, sino que lejos de encontrar ninguna traba, accederá a diversas ayudas que existen para este fin y será considerado un ciudadano ejemplar, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con el futuro del planeta.
Sin embargo si, dejándose llevar por esta euforia energética medioambientalista, con los mismos argumentos decide instalar en su domicilio una instalación fotovoltaica de autoconsumo, con el fin de seguir ahorrando energía, este mismo ciudadano pasará a ser a ojos del gobierno un ciudadano insolidario, depredador del sistema y se enfrentará a un procedimiento administrativo largo y tedioso, y a una normativa que está pensada para desincentivar a aquellos que se atrevan a intentarlo. Para acabar de desmoralizar a los que lo intenten, en una sentencia de 13 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo asegura que las sanciones (de 600.000 a seis millones de euros) que contempla el RD de autoconsumo no son desorbitantes para una sanción grave a un autoconsumidor.
¿Qué daño podemos hacer al sistema eléctrico para merecer semejante castigo? Algo muy gordo sin lugar a dudas.
Veamos cuales son las ventajas y los inconvenientes de estos sistemas y cuál es ese grave daño.
Una instalación FV domestica para autoconsumo puede costar alrededor de 1.5 €/Wp. Una instalación de 2.0 kWp debería ser suficiente para producir al cabo del año el consumo eléctrico de una vivienda unifamiliar en el Sur de España, lo que supone una inversión de 3.000 €. Una instalación de estas características es capaz de producir un ahorro anual del 40% de la energía que consume la vivienda.
Con esta decisión hemos conseguido ya las siguientes ventajas:
- Invertir dinero en un sector económico que genera puestos de trabajo, activando la economía productiva.
- Disminuir las necesidades nacionales de importación de combustibles fósiles.
- Aumentar la eficiencia del sistema eléctrico, al generar energía eléctrica en el lado del consumo, por lo que evitamos las pérdidas que se producen en las redes de distribución
- Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire.
El único inconveniente es que necesitamos estar conectados a la red eléctrica para enviar a la misma nuestros excedentes de energía. Este argumento lo utiliza el gobierno para poner impuestos adicionales, como el llamado impuesto al Sol, bajo el argumento de igualdad de trato y solidaridad con todos los usuarios del servicio eléctrico. Argumentos que no comparto por las siguientes razones.
Un usuario de autoconsumo paga en su recibo su término de potencia, tasas, impuestos y energía consumida exactamente igual que cualquier usuario de la red eléctrica. Respecto a su situación anterior sin instalación FV el único efecto es que consume un 40% menos, lo que le supone un ahorro en términos monetarios en el recibo de alrededor del 30%. Por término medio entre 200 y 250 euros anuales. Esto nos lleva a plazos de amortización superiores a los 10 años.
Dadas las características de estos sistemas, un sistema que ahorre un 40 % solamente es capaz de utilizar directamente el 50 % de la energía fotovoltaica generada. Es decir, el otro 50 % de la energía generada se envía a la red. Los sistemas de menos de 10 kWp, que no tienen que pagar el impuesto por energía autoconsumida, tampoco reciben nada por esta energía enviada a la red.
Sin embargo, esta energía enviada a la red, lejos de ser un problema para el sistema tiene las siguientes ventajas:
Se inyecta a la red a las horas de mayor insolación, mediodía, y en mucha mayor cantidad en verano que en invierno, lo que ayuda a cubrir los picos que se producen por uso del aire acondicionado, y ayuda a estabilizar la red. Además, con este tipo de instalaciones usamos menos recursos fósiles en verano para la generación eléctrica, que es cuando menos recursos hidráulicos tenemos y, como consecuencia, cuando se han producido fuertes subidas en el precio de la electricidad, es decir, ayudamos a reducir los costes de la energía eléctrica.
Además, esta energía, producida en consumo, se inyecta en la red y es consumida por el vecino más próximo, que paga a la compañía eléctrica el mismo precio por esta energía que por cualquier otra que consuma. Sin embargo el productor, en este caso, no recibe una justa compensación económica por la misma. Un sencillo cálculo nos dice que una instalación de 2.0 kWp inyecta a la red alrededor de 1600 kWh al año, que a un precio medio de pool de 0.05 €/kwh supone dejar de cobrar 80 € por la producción de energía, al igual que cualquier otro productor cobra por la energía que inyecta al sistema. Cobrar por esta energía, no sólo sería más justo, sino que ayudaría a hacer estos sistemas más rentables. En cambio, alguien ha vendido esa energía por un valor de mercado aproximado de 220 €, beneficiándose económicamente.
¿Y si el autoconsumidor llegara a un acuerdo con sus vecinos para aprovechar esta energía sobrante? Tampoco lo permite la ley en España.
Sí la instalación es mayor de 10 kWp, de acuerdo con el RD 900/2015, se puede cobrar por la energía inyectada, pero a cambio se aplican todos los recargos e impuestos contemplados en este Real Decreto, lo que sin duda las hacen menos rentables económicamente.
Qué quieren que les diga: no acabo de ver el grave daño que estas instalaciones pueden hacer al sistema eléctrico, más allá de que se producen ahorros energéticos que pueden incidir en la cuenta de resultados de algunas empresas. Empresas, a las que más les valdría ponerse a favor de los tiempos, cambiar sus estrategias de negocios y dejar de poner trabas para retrasar lo que de una manera u otra va a ser un futuro energético cierto. No entiendo a nuestro gobierno que hace leyes sin tener en cuenta el más mínimo criterio de equidad, perjudicando a unos en beneficio de otros, y sin tener en cuenta todos los beneficios de estos sistemas, ni entiendo a un Tribunal Supremo que avala estas leyes con sus sentencias. Decisiones que serán legales pero que no me parecen legítimas.
Desde mi punto de vista, las instalaciones de autoconsumo sólo tienen ventajas para los ciudadanos, para el sistema eléctrico, para nuestra economía y para el medioambiente. Con el autoconsumo vivimos una situación muy injusta y, lo que es peor, estamos desaprovechando una gran oportunidad de utilizar nuestros propios recursos solares para resolver los grandes retos energéticos que tenemos planteados, y estamos impidiendo que el ciudadano se convierta en actor fundamental de la generación eléctrica.
España de nuevo transita un camino contrario a los demás países europeos, esperemos que la nueva Directiva de Renovables de la Unión Europea consagre el derecho de los ciudadanos a generar, almacenar, consumir y vender energía en condiciones justas, de forma que se respeten los derechos de la ciudadanía para el autoconsumo y la autogeneración. Desde la Fundación Renovables estamos convencidos de que el autoconsumo está llamado a ser un instrumento clave para transformar el modelo energético en la Unión Europea. ¿A qué esperamos?
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